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Isla Mágica amenaza con cerrar en 2009

Diario de Sevilla | Martes, 24 de Octubre de 2006, 18:08:12

sevilla. Isla Mágica hace tiempo que dejó de ser un negocio si es que, en estrictos términos empresariales, lo fue realmente alguna vez. Lo dice la propia empresa gestora del recinto lúdico, que ha redactado un estudio financiero para adivinar su futuro. Su augurio es bastante negativo: el parque temático de la Cartuja, la única herencia que queda en la ciudad del viejo espíritu lúdico de la Expo 92 –el ocio como hipotético factor de negocio–, no podrá, según su propio diagnóstico, sobrevivir mucho más allá de los próximos dos años –hasta 2008– si las distintas administraciones públicas, sus acreedores y prácticamente cualquier operador público o privado relacionado con esta empresa (en teoría privada; aunque su capital está en manos de las dos cajas de ahorros de Sevilla) no vuelven a hacer una excepción –la enésima– en sus relaciones comerciales con ella y renuncian a buena parte de los ingresos que deben recaudar durante los años venideros por prestación de distintos servicios o activos.

Casi 15 años después de que la muestra universal cerrara sus puertas, el parque temático de Sevilla todavía no parece haber sido capaz encontrar la senda de una rentabilidad económica que cada día aparece más como una auténtica quimera. Mera utopía. El plan interno de viabilidad de la sociedad hace un diagnóstico tan rotundo como preocupante: Isla Mágica debe abandonar toda esperanza cierta de seguir existiendo en el futuro más inmediato si en los próximos dos años no se produce un escenario nuevo que garantice su supervivencia. El documento está datado en julio de este mismo año. ¿Y cuál sería este contexto que garantizaría su supervivencia? Esencialmente consistiría en un nuevo ritual de renuncias ajenas a favor del recinto lúdico. Lo que ambiciona Isla Mágica es tan simple como singular, sobre todo en contraste con cualquier otra sociedad mercantil que opere en Sevilla. Su futuro depende, según su propio diagnóstico, de que le regalen los espacios lucrativos de uso terciario que generará el nuevo PGOU, y que no son de su propiedad; de que se le perdone el alquiler anual que debe pagar pero no abona por los terrenos públicos que gestiona en régimen de concesión; de que se amplíe su periodo de inquilinato en la Cartuja (sin tener que pagar ya renta alguna) y de que nadie le reclame la deuda a la que aún tiene que hacer frente. Casi la cuadratura del círculo. Sin embargo, ésta es la estrategia que piensa seguir. Hay precedentes próximos en el tiempo; sin ir más lejos, la quita de la deuda de 60 millones de euros existente con acreedores públicos y privados que hace casi tres años evitó que el recinto entrara en situación de real quiebra y permitió que pudiera seguir vivo. El problema, empero, es que justo este antecedente está demasiado cerca en el tiempo. Y lo que parecía ser excepcional va camino de convertirse en norma. La clave de la situación radica en la imposibilidad que tiene la empresa gestora de obtener ingresos suficientes para sobrevivir con su actividad ordinaria: las atracciones y la restauración. Si tradicionalmente se venía alegando desde las sucesivas direcciones de la sociedad mercantil que este factor se debía a hechos sobrevenidos y externos, modificables al cabo, ahora lo cierto es que esta coyuntura se ha convertido en un problema estructural. Un hecho que, tratándose de cualquier otra empresa, marcaría el principio del fin. Sencillamente, el negocio no funciona. Pero lo cierto es que Isla Mágica no es una empresa cualquiera. Desde su nacimiento, y en sus sucesivas etapas (antes, con capital privado; ahora, con el sustento económico de las cajas), nunca ha dejado de estar subvencionada de una u otra forma por las instituciones. Algo que quizás en sus inicios podría parecer lógico pero que ahora, tras una década de funcionamiento y recién salida de una grave crisis económica que estuvo a punto de ser mortal, resulta ya mucho más difícil de sostener. La salida diseñada por los gestores del recinto lúdico consiste en un tácito cambio de objeto social –su conversión en una empresa inmobiliaria– a la que, según sus propuestas, se le cederían todos los activos que las administraciones públicas recibirán como resultado del nuevo PGOU de Sevilla: 68.964 metros cuadrados de uso terciario que, con el recorte impuesto a última hora por la Junta de Andalucía, se quedarán en un máximo de 55.172 metros cuadrados. El modelo es simple: las oficinas, hoteles y áreas comerciales que se construirán de nueva planta en el antiguo recinto de la Expo 92 serían explotados por Isla Mágica a cambio de su cesión posterior –en 2025– a las administraciones públicas. Este regalo, sin embargo, no parece ser suficiente para salvar de su delicada situación económica a la sociedad, que asegura en su documento interno de viabilidad que para poder desarrollar estos espacios (requieren una inversión mínima de 106 millones de euros) necesita acceder a un dinero que, hoy por hoy, no tiene. Y que, además, Isla Mágica estima que no recuperaría antes de 2025, cuando –pese a la posibilidad de algunas prórrogas– expira su actual concesión administrativa sobre los terrenos de la Isla de la Cartuja. Entre estas inversiones extraordinarias está la construcción de un parking subterráneo. La enfermedad de Isla Mágica consiste en una falta de liquidez que bien podríamos de calificar de crónica. Pese a la ampliación de capital realizada tras la última crisis –la suspensión de pagos se presentó en octubre de 2003–, a la misma –por valor de 14 millones de euros– sólo acudieron los que Isla Mágica califica como "accionistas institucionales". El parque había perdido previamente todo el atractivo para posibles inversores privados: la salida más lógica tras años de respaldo público. Sin esta ampliación el parque hubiera vuelto a entrar en fase de liquidación. El problema es que no todas las instituciones cumplieron su palabra con Isla Mágica. Sólo las dos cajas de ahorros –presionadas por motivos políticos y de imagen, esencialmente de índole municipal– acudieron a la ampliación, de la que a última hora se descolgó la Junta de Andalucía, administración que tiene pendiente una aportación de 3 millones de euros que, junto a la ampliación societaria, debía permitir afrontar el convenio con los acreedores, estimado en unos 17 millones de euros. Las cajas cubrieron este flanco con dos préstamos puente de carácter extraordinario (renovados en dos ocasiones ya) pero con muchos visos de convertirse en permanentes. Isla Mágica tiene que asumir el pago de los intereses de ambos préstamos, hacer frente al millón de euros que debe a Caja España (que no se sumó al acuerdo con los acreedores) y devolver 4,1 millones de euros de los diez millones que en su día –a finales de los 90– recibió por ayudas públicas para la creación de empleo. El gran argumento político para sostener al parque en sus sucesivas crisis –sus beneficios sociales, en especial en los datos del empleo de Sevilla– perdía así parte de su solidez tradicional. Así las cosas, y aunque los parámetros operativos del negocio han mejorado en relación a tiempos anteriores, la propia Isla Mágica dice en su plan de viabilidad que carece de "liquidez", que su actividad ordinaria "resulta insuficiente por sí sola para generar recursos que permitan la renovación de la oferta que exige el parque" (lo que se traduce en pérdida de competitividad y reducción de ingresos) y que su "rentabilidad es escasa o insuficiente". Además, no puede hacer frente a los pagos a los que se ha comprometido: debe el canon por el alquiler de los suelos a las administraciones presentes en Cartuja 93, e incluso el pago del impuesto de bienes inmuebles a Agesa, a la que a finales del año pasado debía 2,3 millones de euros. Conclusión: "El negocio está determinado por su inviabilidad futura si el escenario actual no cambia". Según el plan de viabilidad, el colapso de la empresa es cuestión de tiempo. Dos años a lo sumo, ya que la coyuntura actual sólo podría prolongarse, con suerte, durante los dos próximos ejercicios. En 2009 el parque lúdico ya no podría abrir sus puertas, aunque contando con que los acredores no reclamen antes de este tiempo el pago de la deuda. En ese supuesto, el fin de la herencia lúdica de la Expo podría llegar incluso bastante antes.

Carlos Mármol